El último golpe de Estado sucedido en Argentina, el 24 de marzo de 1976, tuvo lugar en un contexto internacional caracterizado por varios procesos que, junto a otros de orden interno, permitieron la aplicación de una violencia de Estado sin precedentes para modificar el modelo económico y la estructura social vigentes. Asimismo, tales acontecimientos hicieron de América Latina un territorio propicio para la aplicación del Plan Cóndor, que consistió en la coordinación de acciones conjuntas entre las dictaduras latinoamericanas para la erradicación de las ideologías comunistas y afines, opuestas al neoliberalismo que trataba de implementarse a escala global, y que pasaron a ser consideradas como “subversivas”. De esta manera, los cambios que los países latinoamericanos han experimentado en el último medio siglo, resultan estrechamente vinculados al proceso de militarización que tuvo lugar en el continente especialmente durante las décadas de los ‘60 y ‘70, teniendo como una de sus consecuencias centrales el desmantelamiento del Estado como articulador de la vida pública y generador del desarrollo económico.
Todo análisis del ámbito internacional debe comenzar por referirse a la Guerra Fría, que consistió en la disputa entre dos bloques: el capitalista, liderado por Estados Unidos y Europa Occidental; y el comunista, con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) a la cabeza. A mediados de la década de los ’70 se asistió a la etapa denominada como “détente”, en donde las dos superpotencias, con crecientes arsenales nucleares y problemas internos, optaron por distender la confrontación. Washington se encontraba en dificultades, ya que acababa de salir de Vietnam, con el consiguiente desgaste generado por una década de intervención directa, a lo que se le sumó la propagación de guerrillas por el “Tercer Mundo”, la crisis económica por la aparición de nuevos competidores y la primera crisis del petróleo. Moscú por su parte evidenciaba una desaceleración de su economía y dificultades crecientes en mantener la competitividad en varios sectores tecnológicos, mientras proveía ayuda militar a movimientos revolucionarios, lo que se condensó en la firma de acuerdos económicos con países que no formaban parte de su bloque.
Por otra parte, en el plano económico, se produjo en aquellos años la caída de los acuerdos de Bretton Woods y el sistema monetario internacional, mediante el final de la convertibilidad del dólar en oro en 1971, pasando a emitirse dólares desde entonces sin respaldo para sostener el consumo norteamericano y a eliminarse de la garantía de estabilidad del valor del dinero de crédito estatal en 1976. Estas medidas junto a la primera crisis del petróleo, en 1973, provocaron una crisis económica que promovió en aquellos años la inestabilidad política y social, acelerando el final del Estado de Bienestar, que con diversas variaciones, existía en los países de la región.
Se debe tener presente que en América Latina, en donde se vivieron años de vulnerabilidad externa, desaceleración del crecimiento, limites de los procesos de industrialización por sustitución de importaciones (conocidos como ISI) y políticas monetarias y fiscales nocivas, el Estado de Bienestar había jugado un importante rol como tomador central de decisiones en materia política, social y económica, y como agente cohesionador de la comunidad. Sin embargo, las teorías desarrollistas que habían amparado las políticas propulsadas desde estos estados comenzaron a perder terreno frente a las ideas ortodoxas y monetaristas que avanzaban con ímpetus renovados a escala mundial, y especialmente en la región, luego de varias décadas de desarrollismo.
En ese marco, la Doctrina de Seguridad Nacional norteamericana aprobada dos décadas antes puede considerarse el punto de partida de los catalizadores que generaron el caldo de cultivo propicio para la toma de poder de las dictaduras en la década del ’70 en Bolivia (1971), Chile y Uruguay (1973), Argentina (1976), y la continuación de las dictaduras ya instaladas en las década anteriores en Brasil (1964) y Paraguay (1954). Cabe agregar que estos dos gobiernos de facto preexistentes evidenciaron a principios de la década un cambio en la doctrina, con el consiguiente incremento de la represión social, acorde con lo que por entonces comenzaba a suceder en el resto de la región.
Las políticas económicas que se implementaron a partir de este proceso de militarización, resultaron en la introducción de medidas como desregulación, descentralización, liberalización y privatizaciones, entre otras, que iniciaron el desmantelamiento de los estados nacionales y de sus posiciones como articuladores del progreso y la inclusión social, en beneficio de sectores privilegiados, tanto nacionales como transnacionales. Así, el Estado fue desplazado de su posición central en la toma de decisiones políticas y económicas, en favor de la estructura del capitalismo supranacional.
En este punto es necesario hacer hincapié en la importancia que tuvo recurrir al terrorismo de Estado como medio para alcanzar el disciplinamiento social necesario que permitiera la aplicación de las doctrinas de Seguridad Nacional, enmarcadas en el Plan Cóndor, y llevadas a cabo por militares formados en la Escuela de las Américas y el National War College, y así lograr el sometimiento de los países y sus aparatos estatales a la fuerza supranacional del capitalismo financiero. Se produjo así el alineamiento regional de las dictaduras en torno a la represión política y social destinada a supresión de los sectores de izquierda, para poder impulsar un nuevo modelo económico centrado en garantizar beneficios crecientes a los sectores más conservadores y con mayores recursos materiales.
Finalmente, a partir de la llegada al poder de los militares se produjo el endeudamiento externo creciente que, junto al achicamiento del Estado en la economía, la desindustrialización progresiva y el giro de las utilidades de las inversiones extranjeras directas, generaron tasas de crecimiento inferiores a las evidenciadas en la etapa anterior. Estas medidas terminaron provocando en la década siguiente la denominada “década perdida”, cuando se produjeron cambios en los intereses en los pagos de las deudas contraídas. No obstante, varios sectores que apoyaron los golpes tuvieron márgenes de ganancias inusitados, lo que provocó un aumento de la brecha en la distribución de la riqueza. Así, las dictaduras generaron cambios políticos, sociales y económicos que configuraron varios aspectos en la historia de América Latina. Una de las consecuencias más nefastas de estos gobiernos es bien conocida, y perdura incluso hasta la actualidad, y es la de los miles de muertos y 30.000 desaparecidos, además de los cientos de bebés apropiados, muchos de los cuales aún hoy buscan la verdad.
